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Discriminación hacia las personas adultas mayores

Última Actualización Lunes, 13 de Febrero de 2012. 15:31h.



Si bien la ley 1886 de Derechos y Privilegios establece que las personas mayores de 60 años deben ser atendidas en ventanillas preferenciales en todas las instituciones publicas y privadas, y recibir el descuento del 20 por ciento (si la factura está a su nombre) por consumo de energía eléctrica; agua potable; impuesto anual de viviendas; pasajes ferroviarios o fluviales a nivel nacional y transporte público terrestre; interdepartamental e interprovincial, este régimen de descuentos y privilegios no se cumple en su totalidad, ya que el 43% de las entidades bancarias no cuentan con ventanillas únicas de atención para personas adultas mayores; el 62% de las empresas de transporte no conoce la ley, por lo tanto evade el descuento del 20 por ciento en los pasajes.

En el caso de los descuentos en los impuestos de bienes inmuebles, la información no es muy precisa, y esto hace que los adultos mayores no gocen de este beneficio. Además, se advierte cierta discriminación en los descuentos de los servicios básicos para las personas adultas mayores que no son propietarias y que viven en inmueble alquilados.

A pesar de las nuevas leyes, las personas mayores son discriminadas cada vez con más dada su condición, lo que se evidencia en el incremento de casos de denuncia. El 2010, la Defensoría del Pueblo, los COSL y las Brigadas de Protección a la Familia, han atendido aproximadamente 17.000 casos relacionados con temas de identificación, errores en documentos, etc. De esta cifra un número importante incluye denuncias de maltrato y abuso, como el despojo de tierras. Estos casos se dan generalmente en el área rural, donde las personas adultas mayores, si no cumplen con los trabajos comunales, son obligadas a pagar cuotas a las asociaciones y sindicatos agrarios y en caso de no cumplir con el pago de cuotas son despojadas de sus tierras.

Estas denuncias son frecuentes en las estadísticas que se tienen, si se ve la relación entre los cinco municipios donde se encuentran los COSL, y las diecisiete oficinas departamentales de la Defensoría del Pueblo, tendremos mil denuncias por municipio, si multiplicamos este número por los 337 municipios que existen en Bolivia, se tendrían alrededor de trescientos treinta y siete mil denuncias, estamos hablando de casi la mitad de la población adulta mayor que emplazaría una queja, lo que podría implicar que la otra mitad no lo hace porque vive lejos, no conoce sus derechos, no sabe dónde acudir o no sufre violencia.

Entonces podemos inferir que hay un importante porcentaje de personas adultas mayores que tienen conculcados algunos de sus derechos, o no los ejercen porque no cuentan con la documentación adecuada. Existe un desfase entre el ejercicio de derechos y la normativa, a pesar que Bolivia tiene un gran avance en políticas y programas que favorecen a la población adulta mayor respecto a otros países. Hay una brecha evidente entre lo que está en la norma y lo que se cumple.

En ese sentido, HelpAge está desarrollando iniciativas con contrapartes como FASE (Fundación de Alternativas Sociales y Ecológicas), para apoyar a los municipios en la inclusión del enfoque del adulto mayor en la elaboración de las Cartas Orgánicas (CO). Apoya también a las organizaciones de adultos mayores para que incluyan sus demandas en las CO y los estatutos autonómicos de las Gobernaciones e incidan en los municipios.

La idea esencial es desarrollar el proceso de conformación y elaboración de la carta orgánica, pero desde una perspectiva que incluya a las organizaciones de personas adultas mayores e incorpore sus demandas; es un proceso de aprendizaje que permite a las organizaciones desarrollar estrategias de incidencia en distintos niveles.

Por otro lado, se pretende que la inversión y el compromiso de los municipios, sea de mediano y largo plazo, para poner en la agenda pública la temática del envejecimiento, no sólo en el nivel nacional, sino en los niveles sub nacionales que ahora son los actores principales en el proceso de descentralización y autonomías.

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