“Antes decían que las reuniones de mujeres eran para hacer tejido, cocina. Ahora no; las mujeres hacemos proyectos y gestionamos desarrollo, como con la producción de peces. Nosotras podemos realizar un emprendimiento de cualquier negocio, sólo tenemos que asesorarnos con personas que saben. Participar como mujer y ver qué se puede hacer por las demás compañeras es una forma de vivir para mí”.
Antonia Olpo Cruz, representante de las mujeres productoras agropecuarias de Yapacani y Secretaria General de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, 2012.
Este es un testimonio de una compañera campesina del municipio de Yapacaní que nos motiva a reflexionar sobre el ejercicio de los derechos económicos sociales y culturales de las mujeres. Todos nosotros y nosotras hemos vivido estas historias, los logros y también las frustraciones que interpelan los procesos de desarrollo, sus retos y vacíos.
A pesar del crecimiento económico y de los profundos cambios políticos, sociales y culturales impulsados en el gobierno de presidente Evo Morales Ayma. Bolivia aún es considerada un país pobre (con un IDH de 0,729%), debido a la alta desigualdad, donde las brechas más notorias se dan entre la población urbana y la rural, entre la indígena y no indígena y entre hombres y mujeres. En el área rural, la migración masculina es frecuente, el 60% de los hogares son liderados por mujeres. Pero éstas tienen limitado contacto con el Estado y el mercado a pesar de que Bolivia ha promulgado leyes a favor de la equidad de género en cuanto al acceso a la tierra y a los medios de producción.
En este contexto, Actores fundamentales de los procesos de desarrollo territorial son las mujeres, a través del fortalecimiento de liderazgos dinamizadores, tanto comunitarios como organizativos, promoviendo una mayor participación en procesos de producción, comercialización, seguridad económica y aumento de la igualdad de acceso y control de los recursos económicos; y fortalecimiento de sus capacidades emprendedoras y de incidencia en políticas públicas para la igualdad de género y que permitan definir sus prioridades y establecer los pilares para el desarrollo local.
En los últimos años las familias han incursionado en el rubro de la piscicultura, dando oportunidades reales de participar en los procesos de producción, comercialización y el manejo de los ingresos a las mujeres.1
Actualmente 43 familias han puesto en marcha 103 piscigranjas en nueve comunidades de Yapacaní, de las cuales el 60% está bajo la responsabilidad de mujeres que han asumido el reto de su administración y gestión de forma sostenible; ellas se han asociado en una organización denominada Asociación de Piscicultores del Norte Integrado (APNI) y esto les está permitiendo enfrentar de mejor manera las condiciones del mercado.
A la fecha se lograron cosechar más de 38 toneladas de Tambaqui y Tambacú (especies típicas de la zona) provenientes de 23 piscinas pertenecientes a igual número de familias, y esa producción les generó ingresos superiores a los 138.686 dólares al año. Entre tanto, las otras 20 familias se incorporaron al proyecto en 2011, por lo que cosecharán recién este año.
Tras esta experiencia se visibiliza y valoriza el aporte de las mujeres a la economía familiar y local y, fundamentalmente, a escuchar la voz de centenares de mujeres que consideran que el cambio es posible y que uno de los caminos para revertir la desigualdad de género es que las mujeres logren su autonomía económica.
Katherine Argote P. & Roxana Pintado S.
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